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miércoles, 13 de mayo de 2015

El voto de las televisoras y la decisión de un juez insólitamente valiente




¿Qué nombre le pondría a esta caricatura? Yo Tribunal Electoral Federal. Recuerde que le dieron al Partido Verde multas diferidas,



Ramsés Ancira


Las dos televisoras más importantes en México quieren comprar la presidencia de la República en 2018 a través del sedicente Partido Verde Ecologista de México. Para ello  venden en menos de 25 dólares anuncios que a otros clientes les cuestan 90 mil dólares. Mientras tanto, un juez ratifica que la radio privada en México es una CONCESIÓN, razón por la cual no basta la decisión de un particular para rescindir un contrato entre particulares.
El juez que ha decidido darle a la ley la interpretación que mejor conviene a los intereses de la sociedad mexicana se llama Fernando Silva y la jurisprudencia que alcanzaría  su decisión puede inscribir su nombre en la historia como ocurrió con  el de un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, llamado Benito Juárez; sobre todo porque su decisión se publica  en el mismo momento en que el Instituto Nacional Electoral se niega a multar a las televisoras, con el argumento de que sólo beneficiaron (regalando propaganda) a un grupo parlamentario, compuesto por legisladores previamente elegidos, y no al Partido Verde.

El Juez Silva es hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que lleva el nombre de Juan Nepomuceno. Es el nombre que escogió José María Morelos y Pavón para darle a su hijo. ¿Cuál es la relevancia histórica de esta coincidencia? Ni más ni menos que Morelos es autor de dos documentos jurídicos de capital importancia: Los sentimientos de la Nación y la Constitución de 1814. ¿Y saben nuestros lectores en México y el extranjero porque capturaron  y fusilaron a Morelos? Por defender la vida y custodiar a los integrantes del Congreso Legislativo. Es decir por defender la ley.

No tardarán en recordar los interesados en la historia que Juan Nepomuceno, el hijo de Morelos fue de los que trajeron a Maximiliano a México, en oposición de Juárez, pero eso no le quita mérito a su padre, quien entre otras cosas expresó: que la soberanía dimanaría del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano compuesto por representantes de cada provincia, eliminándose la figura del rey de España.

La empresa mexicana MVS tenía un contrato recientemente firmado con Carmen Aristegui y decidió anularlo unilateralmente. El juez Silva determina en el fondo que el espectro radioeléctrico que se le concesiona a MVS es un bien de la Nación y por lo tanto no puede tomar una decisión que contraviene la Soberanía del pueblo sobre la radio.

Cientos de personas, particulares, que representan a un importante sector de la sociedad mexicana han decidido firmar la solicitud de amparo contra el despido de Aristegui sintiéndose agraviadas en su derecho a la información y el juez Silva les ha dado la razón… porque la tienen.

Las consecuencias son gravísimas para quienes quieren sobreponer la libre empresa a la soberanía popular, sin embargo es un asunto de mucho fondo. Si Carmen Aristegui hubiera sido la directora de un medio impreso no habría materia de discusión, pero las ondas en las que transmitía sus noticias sobre corrupción del Estado no le pertenecen a ella, ni a la familia Vargas, ni al secretario de comunicaciones y transportes, y mucho menos a sus amigos de OHL. O bueno, sí les pertenecen pero solo la parte que resulte de la división entre 110 millones de mexicanos.

Al mismo tiempo el Instituto Nacional Electoral argumenta que no puede sancionar a las televisoras por venderle el tiempo aire a precio de remate, menos de 15 centavos de dólar el segundo de transmisión nacional, para los mensajes de diputados y senadores del sedicente Partido Verde Ecologista de México.

Argumentan los consejeros, en un intolerable insulto a la inteligencia de los mexicanos que el beneficiado fue únicamente el grupo parlamentario aliado del PRI

Evidentemente no es así. La propaganda de los diputados y senadores del Verde sirvió para promocionar ilegal y anticipadamente el voto por su  partido.

La figura más importante del Partido Verde Ecologista Mexicano se llama Manuel Velasco, es gobernador de Chiapas y sería su candidato natural para la presidencia de la República Mexicana.

A pesar de la riqueza de recursos naturales de Chiapas y su abundante agua, es uno de los estados de mayor miseria económica para sus pobladores.

Chiapas es rico en Barita, un metal de gran utilidad para la exploración de pozos petroleros porque no es inflamable y Magnetita un elemento que puede ser usado en superconductores, por ejemplo para trenes de alta velocidad. Estos elementos son explotados actualmente por una minera canadiense.

Chiapas también tiene Titanio, cuya característica es su ligereza y al mismo tiempo insuperable resistencia, lo que lo hace ideal como recubrimiento de armamento blindado.

Supongamos que al Partido Verde lo multan con mil millones de pesos. La mera posibilidad de que lleve a la presidencia a un sujeto que concesione Barita, Magnetita y Titanio a empresas ligadas a las televisoras representa un negocio inconmensurable para estas. TV Azteca ya tiene empresas que explotan la energía eólica gracias a sus amistades en el PVEM.

150 mil personas que saben o intuyen esto han pedido al Instituto Nacional Electoral que quite ya el registro al Verde. El problema es que los consejeros del Instituto son puestos, también por el PRI y el Verde y sería difícil encontrar entre ellos un conocimiento de las leyes, y ganas de aplicarlas, como el que tiene Fernando Silva.

Consideremos que Carmen Aristegui ha sido hasta hoy la que mejor exposición ha tenido en las investigaciones sobre corrupción de los partidos. Si reponen su programa impactará directamente en la decisión de los votantes. Es sin duda un asunto electoral, y también de soberanía.

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